AMB CAMES QUE RODEN (76)
MANIFIESTO
GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD
DE LA FUNDACIÓN ISONOMIA
Castelló de la Plana, 3 de diciembre de 2015.
Como cada año, ya hace treinta y tres, el 3 de
diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
que instituyó Naciones Unidas. Desde la positividad, los días internacionales
son una manera de recordar a la sociedad en su conjunto que hay colectivos de
ciudadanas y ciudadanos que, por sus circunstancias personales, ven restringido
el ejercicio real y efectivo de sus derechos. Pero estos recordatorios que se
conmemoran una vez al año no son bastante, porque los inconvenientes, en varias
formas, que obstaculizan el acceso a la igualdad de oportunidades y afectan el
desarrollo de sus vidas están presentes cada día. Por lo tanto, se tendrían que
recordar los 365 días del año las situaciones anómalas que sufren, en este caso
concreto, las mujeres y hombres con discapacidad.
Uno de los hechos presentes en la cotidianidad de un
número muy alto de estas personas, que se tendría que denunciar cada día, es el
peligro de sufrir violencia desde el entorno más cercano (pareja, familia,
personal que las atiende...), riesgo que crece con el aumento del tanto por
ciento de discapacidad que se manifiesta y, todavía más, cuando ésta causa
situaciones de dependencia. Como sucede en todos los ámbitos, las mujeres
siempre son las más afectadas y al riesgo de sufrir agresiones por manifestar
una discapacidad le suman el de ser víctimas de la violencia machista, que es como
se tiene que denominar la violencia infligida por hombres hacia mujeres. Según
los datos registrados anualmente por la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, se estima que un 10% de las mujeres que son asesinadas en
el Estado Español cada año por violencia machista tienen una discapacidad
certificada. Esta cifra sólo visibiliza los casos más extremos, restando
invisibles para el resto de la sociedad la inmensa mayoría de agresiones
(expresadas en todas sus formas: físicas, psicológicas, sexuales, económicas,
sociales...) que sufren, de manera silenciosa y anónima, las mujeres con
diversidad funcional.
Por otro lado, desde las administraciones públicas siguen
debilitando las ya escasas posibilidades de alcanzar un bienestar con dignidad.
Ahora ha sido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el que ha
lanzado otro torpedo a la línea de flotación del colectivo al fijar un límite a
las subvenciones para adquirir productos del catálogo ortoprotésico con la
excusa de «racionalizar» el gasto. Esto quiere decir que si se quiere optar a
un prototipo mejor, no incluido en este catálogo, se obliga a renunciar a la
subvención y a pagar el 100% del precio del artículo. Un ejemplo de las
consecuencias que tendrá esta limitación es que, a la hora de comprar una silla
de ruedas ligera, la administración solamente dará 352 euros de ayuda. Por esta
cantidad, la silla menos pesada que se puede encontrar pesa 11 kilos. Así que,
si se necesita una silla más ligera, de 6 kilos, ya no tendrá subvención y se deberá
pagar el coste íntegro de la silla con la repercusión negativa para las
economías de supervivencia que tienen la mayor parte de las personas con
discapacidad.
Unas economías ya muy resentidas por el copago que se
estableció en la Comunidad Valenciana hace dos años mediante el Decreto
113/2013, de 2 de agosto, que establecía el régimen y cuantías de los precios
públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales y que sigue vigente
a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJCV) dictó en varias ocasiones su anulación. Además, las promesas
manifestadas por miembros de los partidos que ahora gobiernan la Generalitat
Valenciana, en el sentido que tramitarían la derogación del copago, todavía no
se han hecho realidad. Quizás será que es más fácil hacer promesas cuando no se
tiene la responsabilidad de cuadrar las cuentas.
En otro orden de cosas, se tiene que mencionar la
Resolución de 3 de noviembre de 2015, sobre acreditación de centros y servicios
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta medida, si se
aplica correctamente, puede resultar muy importante porque controlará –y es de esperar que mejorará- el nivel de la calificación
profesional del personal que atiende a las personas con discapacidad. A pesar
de que, como suele ocurrir en muchos ámbitos de la vida, además de la
preparación teórica que se pueda adquirir mediante estudios, que más tarde se
certificarán con títulos, es fundamental la experiencia acumulada en el trabajo
de cada día y la inteligencia emocional. Una mujer, o un hombre, puede contar
con una excelente preparación académica pero no tener la sensibilidad y la
empatía necesarias para trabajar atendiendo a personas en circunstancias
especiales.
Asimismo, es positiva la sentencia del Tribunal Supremo
(TS) reconociendo el derecho de las personas dependientes a escoger la ayuda
que consideren más adecuada, desestimando
el recurso que habían interpuesto ocho residencias contra una resolución del
TSJCV sobre procedimiento para reconocer el derecho a prestaciones de personas
dependientes.
También, una vez más, se tiene que recordar la importancia
de implementar los principios y mandatos de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por Naciones Unidas en
2006. Que sus postulados estén presentes en toda la legislación que se promulgue,
sin que tengan que ser leyes específicas para el colectivo.
Para cerrar este manifiesto, como todos los años,
recordaremos el lema que asevera que el derecho a la diversidad y a la igualdad
son valores universales que se tienen que defender en todas partes:
«Todas las personas somos diferentes.
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