Benvingudes sigueu totes les persones que visiteu aquest racó que augmentarà els seus continguts de mica en mica.
Bàsicament hi trobareu tots els escrits que jo, Cèsar Gimeno i Nebot, redacte sobre diversitat funcional, que és la denominació proposada pel Foro de Vida Independiente per anomenar la discapacitat, paraula que refusem per pejorativa.
En molts d'aquests escrits compte amb la impagable col·laboració de la meua companya i amiga Mar Dalmau Caselles.

dimecres, 4 de juliol de 2012

 Carta abierta a la Ministra de lo boticario y su jefe

Lo confieso. Yo participé en la “Operación Pozoblanco”, el encierro que en la sede del IMSERSO protagonizaron el 12 S de 2006, del que un diputado dijo en sede parlamentaria: “Lo hacen después de haber vivido entre todos el lamentable espectáculo que se dio en el Imserso con el encierro de los miembros del FVID, maltratados por la Administración General del Estado en ese encierro; difícilmente justificable desde una opción progresista”.

Entre los motivos del encierro figuraba la oposición al repago que contemplaba el proyecto de Ley de prevención de la autonomía personal y promoción de la dependencia, o algo así, pero este es el título que recoge más fielmente el contenido.

Pero dejemos la dependencia de la divina providencia y centrémonos en el repago sanitario. Durante un tiempo he estado tranquilizando a personas discriminadas por su diversidad funcional (discapacitados nos llaman) sobre el impacto del Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Que si el Decreto prevé que las personas con discapacidad están exentas de aportación farmacéutica, bueno exentas del pago de los medicamentos subvencionados por el Sistema de Salud, porque de los otros y de los que se van a excluir tienen que continuar pagándolos, que las administraciones publicas conocen su condición de discapacitado, …...

Esta mañana ya he visto que he quedado como un mentiroso por sacar la carapor el sistema sanitario y el buen funcionamiento de la administración pública. La cuestión es que una compañera se ha dirigido con su receta de pensionista y su tarjeta de discapacidad a la farmacia, pues bien, me ha dicho que el farmacéutico le ha hecho pagar el 10% del precio del medicamento. La compañera, en una muestra de confianza en mí, le ha dicho que el decreto decía que las personas con discapacidad estaban exentas, lo cual le ha confirmado el boticario porque la conoce de toda la vida, salta a la vista que lo es y veía el documento que lo acredita. La cuestión es que la receta que presentaba había sido expedida con antelación porque es paciente crónica y la tenía desde que le dieron las recetas la última vez que fue a recogerlas, por ello el boticario le ha explicado que sin no se qué código en la receta tenía que cobrar el 10% y que suponía que en la próxima renovación le vendría consignada la exención. Entonces mi compañera le ha pedido que comprobara en el sistema en que grupo de aportación se encontraba y resulta que a ese dato no puede acceder informáticamente el boticario.
 

Ante esa tesitura y en previsión de que en breve tiene que acudir a visita en el centro de salud y previsiblemente continuará con la medicación que tiene pautada, he considerado el comprobar en qué situación administrativa se encuentra la aportación que tiene que efectuar. No dilataré este escrito detallando las estaciones de penitencia por las que hemos pasado, pero el caso es que tanto ella como yo estamos incluidos en el grupo de pensionistas correspondiente al nivel de renta que ha facilitado la administración tributaria y de la seguridad social. De la discapacidad el sistema no sabe nada, seguramente en el volcado de datos se han caído los nuestros.
 
He quedado como un imbécil, he tranquilizado a mucha gente con el argumento de que en la aplicación de la nueva normativa se iba a hacer con datos aportados por la administración de la comunidad autónoma, donde en el sistema informático figuran los datos de sanitarios y en ellos se evidencia por el tipo de patología que existe una discapacidad; además la misma administración dispone de los datos informáticos relativos a los certificados de discapacidad que emite y, para remate, la Agencia Tributaria conoce perfectamente los contribuyentes con discapacidad porque es un dato que se debe de aportar para hacer la liquidación y que a mí, por ejemplo, me fue requerido que acreditara con el original del certificado en 2001.

Llegar a pensar que las personas discriminadas por nuestra diversidad funcional (discapacidad) vivimos sin desventaja económica frente al resto de los mortales debería de llevar aparejada la expedición del certificado de discapacidad. Y para dar fe de ello el 15S estaré, en espíritu o de cuerpo presente, en la VI Marcha por la visibilidad de las personas con diversidad funcional, a las 6 de la tarde en la Plaza de Jacinto Benavente de Madrid. 


Valencia, 04 de enero de 2012

Vicente Valero Sanchis
Velador por el cumplimiento de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad