ATRACO EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN
Señoría,
Este atrevimiento se justifica por la indignación que me ha producido el leer en prensa unos hechos que, a mi entender, son constitutivos de una violación de la legislación española en materia de igualdad y no discriminación hacia las personas discriminadas por su diversidad funcional. En este caso los hechos afectan a personas especialmente protegidas por las Corts, porque violan el estatuto del discapacitado, la ley de accesibilidad de la CV (ley 1/98), ley de accesibilidad al transporte en la CV (ley 8/2009),…
Este atrevimiento se justifica por la indignación que me ha producido el leer en prensa unos hechos que, a mi entender, son constitutivos de una violación de la legislación española en materia de igualdad y no discriminación hacia las personas discriminadas por su diversidad funcional. En este caso los hechos afectan a personas especialmente protegidas por las Corts, porque violan el estatuto del discapacitado, la ley de accesibilidad de la CV (ley 1/98), ley de accesibilidad al transporte en la CV (ley 8/2009),…
La noticia puede leerla en: http://www.levante-emv.com/castello/2012/06/17/cocemfe-resigna-elude-criticar-cobro-transporte-adaptado-discapacitados/913685.html
El transporte especial puerta a puerta es un servicio totalmente justificado y de una rentabilidad social sin precedentes. A él acceden las personas con limitaciones de movilidad física elevada que por la gran necesidad de apoyos generalizados que precisan no pueden acceder al transporte urbano general. Para ejemplarizar algunas condiciones que hacen precisa la utilización de este tipo de transporte (implantado en Valencia el 1 de julio de 1985) baste citar que por su patología muchas de estas personas no soportan el calor ni el frío que se pasa esperando el autobús en las paradas, en muchas ocasiones tienen dificultades para comunicarse oralmente, o movimientos incontrolados,....
Pues bien, según la noticia el Ayuntamiento de Castellón, en uso de libertad decidió prestar este servicio puerta a puerta mediante un concurso publico. A mi entender el servicio debía de haberlo llevado la misma empresa que lleva el transporte en autobuses urbanos de Castellón, como ocurre en Valencia. Las razones que adivino para que no fuera así me las callo, no es cuestión de entrar en ellas porque en ella se mezclan precios y derechos.
El transporte especial puerta a puerta es un servicio totalmente justificado y de una rentabilidad social sin precedentes. A él acceden las personas con limitaciones de movilidad física elevada que por la gran necesidad de apoyos generalizados que precisan no pueden acceder al transporte urbano general. Para ejemplarizar algunas condiciones que hacen precisa la utilización de este tipo de transporte (implantado en Valencia el 1 de julio de 1985) baste citar que por su patología muchas de estas personas no soportan el calor ni el frío que se pasa esperando el autobús en las paradas, en muchas ocasiones tienen dificultades para comunicarse oralmente, o movimientos incontrolados,....
Pues bien, según la noticia el Ayuntamiento de Castellón, en uso de libertad decidió prestar este servicio puerta a puerta mediante un concurso publico. A mi entender el servicio debía de haberlo llevado la misma empresa que lleva el transporte en autobuses urbanos de Castellón, como ocurre en Valencia. Las razones que adivino para que no fuera así me las callo, no es cuestión de entrar en ellas porque en ella se mezclan precios y derechos.
Lo que me ha indignado es el
hecho de que se "obliga a pagar a cada usuario del transporte
adaptado entre 15 y 60 euros mensuales en función de sus ingresos, aunque es
gratuito para las personas sin recursos".
Eso en mi tierra es un atraco y
una discriminación, por cuanto el precio del billete individual de autobús es
1.03 euros, el bono de 10 viajes vale 8.05 y el bono mensual sin limite de
viajes 29.45 euros. Lo puede ver en : http://www.elperiodic.com/castellon/noticias/152770
Pero lo que me ha elevado la tensión hasta unos valores peligrosos ha sido leer: "De esta forma, las arcas municipales se embolsan 19.000 euros al año procedentes de 175 usuarios para que todos los castellonenses no tengan que pagar un servicio que sólo utiliza un colectivo concreto, según defendió la concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, en el pleno municipal de la capital el pasado viernes."
Pero lo que me ha elevado la tensión hasta unos valores peligrosos ha sido leer: "De esta forma, las arcas municipales se embolsan 19.000 euros al año procedentes de 175 usuarios para que todos los castellonenses no tengan que pagar un servicio que sólo utiliza un colectivo concreto, según defendió la concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, en el pleno municipal de la capital el pasado viernes."
No entiendo porque tuvo que
pronunciarse la concejala de Bienestar Social cuando la cuestión, por la
naturaleza del servicio, corresponde a la concejala de movilidad, Carmen
Albert. Tampoco entro en valoraciones morales y éticas de las desafortunadas
palabras de un representante popular, porque quiero pensar que son fruto de la
improvisación de algún debate.
Por cierto, la ley de
accesibilidad (1/98) y la de accesibilidad al transporte (8/2009) obliga a que
los autobuses urbanos tengan dos plazas para silla de ruedas y en Castellón
circulan autobuses (tres modelos de cuatro) con una única plaza para silla de
ruedas. Usted me representa como elector y en esa condición le pido que
pregunte al Consell porqué se han concedido los visados y licencias para
que esos vehículos que no cumplen la ley circulen.
En serio, si usted fuera un
conductor discapacitado y acudiera con su vehículo a una ITV le aseguro que le
mirarían hasta las neuronas de la adaptación y pondrían en el microscopio el
certificado de adaptación de los mandos. A un compañero le hicieron volver
porque le faltaba una escobilla del parabrisas, por eso no veo razonable que no
se vea que a un autobús le falta el espacio para una silla de ruedas y los
elementos de sujeción. Eso por lo que toca industria, supongo, que es quien
lleva lo de las ITV.
Y por lo que toca a la
consellería que lleva lo del transporte me extraña que se dé una licencia de
circulación, o como se llame el papel, a un vehículo que no cumple las leyes
que se aprueban en las Corts Valencianes.
Supongo que este atropello será
motivo de que nuestra comunidad se vea nuevamente en los medios de comunicación
como un lugar en que la protección de los derechos de las personas con
discapacidad, aprobados por el legislativo, es escasa, frente a la tolerancia y
comprensión que se tiene con quienes la violan.
En mi humilde opinión el coste
del servicio de transporte puerta a puerta, objeto de la noticia, nunca debería
de exceder del coste del servicio urbano, pagando el viajero en función del
viaje y el tipo de título con el que viaja (billete simple, bono de 10 viajes o
bono mensual). Otra cuestión seria el fijar el precio de la llamada al
servicio, porque entiendo que este debería de hacerse a un número de teléfono
gratuito 900.
Un saludo.
--
Vicente Valero
Vicente Valero
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada