DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁN VULNERADOS

En las conclusiones de las IX Jornadas de Trabajo en el Ámbito Social, organizadas por la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castelló y celebradas el pasado 24 de junio, se denunció el reiterado incumplimiento, cometido por todas las Administraciones públicas, de la legislación que atañe a las personas con discapacidad y, de manera especial, en lo que se refiere a la implementación de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

Para empezar, se están incumpliendo los plazos previstos para la ejecución de esta Ley que preveían que durante su primer año en vigor, es decir durante el 2007, se atendería ya a todas las personas que fuesen valoradas con el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1. Este retraso se produce, mayormente, por la rivalidad de los partidos políticos mayoritarios en el Estado Español, PSOE y PP. En la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular, el retraso en la aplicación de la citada ley es más fragante y se apunta que casi la totalidad de las valoraciones, y sus correspondientes resoluciones, efectuadas hasta el momento, corresponden a personas mayores que se encuentran institucionalizadas en residencias.

Además, la Generalitat Valenciana en un acto que demuestra sus intenciones de dificultar el acceso de la ciudadanía afectada a los beneficios que contiene la Ley 39/2006, aprobó una medida legislativa, la Disposición adicional Once. Del régimen del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, que entra en contradicción con la Ley de autonomía personal (ley orgánica de ámbito estatal), y que incluyó en la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 2008 que nada tiene que ver con la cuestión tratada.

Tampoco se está de acuerdo con el baremo usado a la hora de valorar el grado de dependencia de una persona. Por lo que se deduce de las valoraciones ya realizadas, para que a alguien se le clasifique con el Grado III (Gran Dependencia), nivel 2, el máximo dentro de la escala que establece la Ley, la persona solicitante deberá presentar un estado vegetal, o pseudovegetal, ya que personas que necesitan ayuda para realizar las catalogadas como Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) no han alcanzado los 90 puntos, mínimo necesario para conseguir el grado más elevado de reconocimiento de su situación de dependencia. Tal vez el motivo fue responder, a una de las preguntas que forman parte del test que le realizó la técnica o técnico que le visitó en su casa, que sí sabia orientarse y dirigirse hacia donde se encuentra el lavabo; entonces, si una persona sabe donde está el aseo ya no necesita que nadie le ayude a sentarse en el WC. O si contesta que es capaz de limpiarse los dientes si alguien le pone la pasta en el cepillo, ya no es necesaria la presencia de una persona que le acerque el vaso de agua a la boca para enjuagarse. O si dice que puede comer, sin ayuda, la mayoría de alimentos si le son preparados debidamente, ya se considera que no necesita a nadie mientras está masticando…

En estos detalles tal vez quede de manifiesto el espíritu oculto de esta Ley que no es otro que dar una atención muy básica a las personas en situación de dependencia, y que aquello de la “promoción de la autonomía personal” sólo es un añadido que se hizo para que el título de la Ley resultara más atractivo y, así, sofocar las reclamaciones de los sectores más reivindicativos del colectivo.

Por otra parte, el colectivo de las personas con enfermedad mental denuncia seguir relegado a un segundo plano, ya que el personal asignado para su valoración no sabe a ciencia cierta qué criterio utilizar con dicho colectivo. Y esto resulta aún más insólito si se tiene en cuenta que el personal es de AVAPSA (Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales y dependencia) y que está integrado por trabajadoras y trabajadores sociales que, según se dice, poseen un título específico otorgado por la Universidad Politécnica de Valencia que certifica que fueron formados para ser especialistas en esta materia. Asimismo, otro aspecto que preocupa es la falta de especialización de las mujeres y hombres –éstos en menor número- que desempeñan las tareas propias de los servicios de ayuda a domicilio de estas personas, culpa de las mismas empresas que gestionan estos servicios de titularidad municipal que no distinguen entre los diversos tipos de tareas que ofrecen, cuando es evidente que son muy distintas las cualidades y conocimientos que se precisan para atender las necesidades básicas cotidianas de una persona y, por ejemplo, las tareas de limpieza de un hogar.

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Grupo de Investigación, Análisis y Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomía

(Publicat en la secció "Cartas al Director", del periòdic Mediterráneo corresponent al dilluns 14 de juliol de 2008. Ressaltats en groc els fragments no publicats, segons sembla, "per falta d'espai".)